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Ley económica de Ecuador incluye disposición contra sobreprecios en la obra pública

Farándula
09:07 | Viernes 08 de Junio de 2018

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La disposición transitoria quinta, dentro del proyecto de ley económica, incluye una directriz concreta para evitar, o al menos, minimizar el riesgo de sobreprecios y manejos corruptos dentro de obras públicas.

Esta disposición establece que: “Para los contratos de obras que habiendo superado los límites de inversión establecidos en la Ley y que se encuentren paralizados o suspendidos, la entidad contratante deberá terminar anticipadamente y liquidar el contrato existente para realizar un nuevo proceso de contratación”.
 

Reacciones positivas 
Esto, según el exvicepresidente de la República León Roldós, es un lineamiento adecuado para cortar de raíz la posibilidad de aumentos injustificados en el costo de las obras. “Al provocarse un nuevo proceso de contratación se deja de lado el mecanismo de las revisiones sobre la marcha para ajustar los precios. Sin embargo, la disposición debe estar complementada con la obligación de estudios y valoraciones que sustenten la nueva licitación”, acotó.

Por su parte, Mauricio Pozo, exministro de Economía, concordó con la oportunidad de la disposición, pero aseveró que debe reforzarse con lineamientos que impidan la discrecionalidad en la emisión de decretos de emergencia, uno de los mecanismo más utilizados en la administración de Rafael Correa para adjudicar y modificar las condiciones y los costos dentro de los contratos de obra pública.

“Acompañando a la normativa y como un factor muy importante está la transparencia de la información y, sobre todo, la calidad ética y técnica de los funcionarios que deberán estar a cargo de la ejecución y control de las contrataciones”, añadió Pozo.

Precisamente, para reforzar la transparencia y el control en la obra pública, la disposición incluida en el proyecto de ley económica también establece que una vez terminados los contratos, estos sean remitidos a la Contraloría General del Estado.
 

Planteamiento técnico y control
Verónica Izurieta, abogada experta en contratación pública, comentó que la iniciativa, junto con el restablecimiento del requisito previo del informe de Contraloría y las restricciones concretas en el uso de los decretos de emergencia, puede convertirse en una efectiva herramienta para sanear las contrataciones que hayan presentado irregularidades.

“Las nuevas licitaciones y los contratos resultantes, además de cumplir con toda la normativa vigente, deberán estar sustentados en un replanteo técnico para que los plazos y los presupuestos no sean manipulados ni irrespetados hasta la finalización de la obra”, puntualizó.

Pozo, en este sentido, acotó que en el caso de los decretos de emergencia, la Legislación debe establecer parámetros claros de temporalidad, especificidad y difusión de la información.

La Cámara de Industrias, incluso cuando Richard Martínez (ministro de Economía) era uno de sus voceros, ya propuso una iniciativa parecida, en el contexto de que el Gobierno anunció que existen 640 proyectos con problemas, donde se excedió en más de un 85% el costo inicial. Estas obras, según una declaración del presidente, Lenín Moreno a inicios de este año, necesitan alrededor de 1.000 millones más para ser concluidos.

Izurieta afirmó que lo más importante de la disposición es que no permita que se repliquen las condiciones que generaron los casos de las hidroeléctricas como Manduriacu o Delsitanisagua, la universidad Yachay,  las carreteras e incluso la infraestructura hospitalaria del IESS.

“Se generó un colosal perjuicio a las arcas públicas, tanto por el pago excesivo y no previsto, como por los problemas de funcionamiento y mantenimiento, y hasta por incumplimiento de plazos y mala calidad de materiales”, concluyó. (JS) 

Billonarias pérdidas
° Según la Comisión Nacional Anticorrupción, el costo de la corrupción en estos últimos 10 años llega a 35.695’874.839 dólares, que incluye coimas, sobreprecios en contratos públicos, evasión tributaria, comisiones en exportación de petróleo y en importaciones de derivados, deuda pública y gasto corriente.

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