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El proceso sobre el caso del proyecto de megaminería Río Blanco sigue en veremos

Farándula
13:32 | Martes 07 de Agosto de 2018

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La sentencia dada el viernes pasado 3 de agosto, por el el Tribunal de Justicia Constitucional de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, integrado por los jueces Edgar Morocho, Aurea Calderón y Rosa Elena Zhindón, en el caso seguido por comuneros de Molleturo, si bien es de última instancia dentro de la justicia ordinaria, no es la última palabra, aún restan recursos, a decir de entendidos en la materia.

Para el jurista constitucionalista y ambientalista, José Miguel Galarza, la empresa minera está con las debidas autorizaciones que el Estado le ha otorgado la concesión minera, por el incumplimiento que han tenido en ciertos trámites propios de la explotación minera es que se inicia una acción.

El juez, ha dictado en forma favorable y apegado a la justicia, se ha dado la apelación y en segunda instancia, tres jueces provinciales ratifican el criterio del juez de primera instancia, uno de los puntos más debatidos es la consulta, la gente ha sido no consultada, siendo este un mandato constitucional.

Parece que si hubo acercamientos a la población, pero no en la debida forma, faltó de parte de la empresa ser más cumplidores de la norma, y dejar sentado lo que se conoce como “evidencia”, dijo.

En esta sentencia, toda la documentación tiene una carga de 23 hojas y los jueces lo que han hecho es motivar debidamente su resolución, hacen un análisis muy profundo sobre la consulta, y ratifican la sentencia, así se da el primer caso en el país y uno de los pocos posiblemente en América Latina, que sienta un precedente muy importante sobre que, en Ecuador tenemos que cumplir los mandatos constitucionales y los que están en las leyes, reglamentos y acuerdos, prosigue su análisis.

Continuidad

Hay un debate con criterio de ambas partes, aquí el Estado juega un papel importante; y sus abogados en especial, del MAE, de Minas y de la Procuraduría General del Estado, tuvieron la argumentación, es decir que ya se dio oportunamente una consulta popular, y así lo señala también la sentencia en segunda instancia, por ese lado, cabe que en un determinado momento las operaciones mineras se vuelvan a retomar ya que al momento están suspendidas, comentó el jurista.

Cree además que van a generarse otros reclamos de índole judicial, de tal manera que no se va a quedar el tema ahí, con la sentencia de ratificación, pues se tomarían nuevas opciones porque el Estado está en la obligación de continuar la defensa. “Desde el punto de vista constitucional y ambiental, el Estado debe agotar las instancias existentes porque de por medio hay una concesión minera entregada de forma legal, y sino quedaríamos pésimamente mal con el equipo jurídico que representa al Estado, y a ello se suma la seguridad jurídica del Ecuador, que se vería afectada, concluyó. (AZD)-(I)

EN LA CONSULTA

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?, fue la pregunta que los ecuatorianos aprobaron.

Si el Tribunal competente de la Corte de Justicia del Azuay, hace prevalecer la misma, implicaría que la minería en Río Blanco está autorizada, ya que la normativa ni la consulta prohíben el extractivismo en bosques protectores, como es el caso, ya que Río Blanco está en el bosque protector Molleturo Mollepongo.


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Dice el director provincial del Ministerio del Ambiente (MAE), Juan Pablo Rivera, las áreas protegidas tiene regulación especial y son propiedad del Estado, en ellas no se puede hacer minería, ni ganadería, ni agricultura, porque está prohibido ya que está destinado a la protección per se; en el caso de bosques protectores, la legislación da paso a algunas formas de actividad económica e incluso puede haber propiedad privada.

Agrega que el proyecto minero Río Blanco, no está en la prohibición que se ratificó en la consulta popular de febrero de 2018, ya que no está en área urbana, tampoco en área protegida, y las áreas intangibles sólo están en Cuyabeno y Yasuní. Concluyó.


Fallo de segunda instancia
emitido el pasado viernes

Dice la sentencia dictada por los jueces Edgar Morocho, Aurea Calderón y Rosa Elena Zhindón, en el caso seguido por comuneros de Molleturo, representados por el abogado y presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez.

“Este Tribunal de Justicia Constitucional de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay Administrando Justicia, en Nombre del Pueblo Soberano del Ecuador. Y por Autoridad de la Constitución y las Leyes de la República, niega la apelación y confirma la sentencia de primer nivel que acepta la acción constitucional por la vulneración del derecho del debido proceso a la consulta previa, libre e informada en la comunidad de Molleturo en relación al Proyecto Río Blanco”.

“Pero revoca la medida de restitución del derecho vulnerado, de la consulta previa, por cuanto, el pueblo ya fue consultado el 4 de febrero de 2018 con la pregunta 5 del referéndum ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?, y el resultado de la votación de los habitantes de la parroquia Molleturo es el siguiente: 67.80% por el SI, y el 32.20% por el NO”, según el CNE, se precisa.

 

“ Decisión que surte los efectos previstos en el Art. 106 de la Constitución del Ecuador; y, las partes tienen otros medios constitucionales y legales en este caso. Ejecutoriada esta sentencia, remítase copia certificada a la Corte Constitucional, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5) del Art. 86 de la Constitución de la República. En cuanto a la medida cautelar se tendrá presente el análisis del punto 3.12 del presente fallo. Con el ejecutorial, devuélvase al juzgado de origen. Notifíquese”, hasta aquí la sentencia emitida a las 11:59 de este viernes 3 de agosto. AZD (I)

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